Los asesinatos de ellos prescriben, los de los otros son lesa humanidad

El juez federal Ariel Lijo no quería problemas con una causa 'envenenada': varios de los potenciales acusados se encuentran con vida y en libertad, algunos con cierta influencia en la Administración del Estado, según se dice. Por lo tanto Lijo decidió que el asesinato de José Ignacio Rucci, ocurrido el 25/09/1973, no es un delito de lesa humanidad, por lo cual la causa debe considerarse prescripta. El homicidio "obedeció a razones políticas" en el marco de "un ataque a la burocracia sindical", y fue perpetrado por la por entonces organización político-militar Montoneros, hoy tan reivindicada por el kirchnerismo cristinista. Pero consideró que no está probado que hubo participación estatal, por lo cual no es "terrorismo de Estado", y entonces no es un caso de "lesa humanidad" y no se le aplica la cláusula de imprescriptibilidad.

 Juan Bautista Yofre, en su libro Nadie Fue, escribe sobre el atentado de Rucci:

 "(...) 25 de septiembre de 1973. Asesinato del secretario general de la CGT, José Rucci. Su carrera gremial se desarrolló dentro de la UOM. Le tocó presidir el retorno de  Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972. A diferencia de Vandor, Rucci nunca tuvo un gesto de independencia frente a las directivas de Perón. Apoyó la candidatura de Héctor J. Cámpora a la presidencia en marzo de 1973. Cuando la gestión de Cámpora se hizo ingobernable – con el pleno respaldo del sector peronista de izquierda – Rucci pronunció una de sus frases más postreras. Se presentó en la sala de prensa de la Casa Rosada y dijo: “Se terminó la joda”. Horas más tarde, Cámpora renunció. Nunca fue perdonado. Su asesinato llevó el nombre “Operativo Traviata” (por el anuncio de las galletitas Terrabussi de “los agujeritos”). Intervinieron en el atentado, con la conformidad de la conducción de Montoneros, entre otros, Horacio Mendizábal, Roberto Cirilo Perdía, Norberto Habberger, Francisco Urondo, Juan Julio Roqué, Julio César Urien y Lidia Mazzaferro. Las tareas de “inteligencia” les demandó unos cuatro meses de relevamientos, a las órdenes de Antonio “Nelson” Latorre o “Pelado Diego”, Miguel Ángel Castiglia y Rodolfo Walsh (“Esteban” o “Doctor Neurus”). El asesinato de Rucci se realizó dos días más tarde de la elección que llevó a Juan Domingo Perón a la presidencia de la nación por tercera vez. Cuando se enteró se lo vio conmovido. Dijo: “Me cortaron las piernas”. Años más tarde, el diputado nacional Miguel Bonasso , reconoció que el asesinato de José Ignacio Rucci había constituido un error de su organización.  

Mientras tanto la editorial de La Nación de hoy, con el título "Los crímenes montoneros, impunes"señala: La Corte Suprema de Justicia acaba de sobreseer definitivamente a un grupo de ex montoneros que incluye a Mario Firmenich y a Horacio Verbitsky, por la grave responsabilidad que pudo haberles correspondido en el sanguinario atentado perpetrado en el comedor del edificio de la Policía Federal, en 1976.

Hace pocas horas, también el juez federal Ariel Lijo resolvió que el asesinato del gremialista José Ignacio Rucci, llevado a cabo por miembros de Montoneros en 1973, en pleno gobierno de Juan Domingo Perón, no constituyó un delito de lesa humanidad y dispuso el archivo de la causa.
En el atentado ocurrido en 1976 fueron asesinadas 23 personas y un centenar de hombres y mujeres que allí estaban circunstancialmente resultaron heridos, en muchos casos de gravedad.

Sin considerar que era necesario motivar exhaustivamente una decisión tan trascendental como la de ratificar los fallos de las instancias previas -los de la jueza María Servini de Cubría, la Sala Primera de la Cámara Federal y de la Sala Primera de la Cámara de Casación-, que calificaron los delitos cometidos por la subversión en la década del 70 como delitos "comunes", por oposición a los "crímenes de guerra" cometidos en un conflicto armado interno, la Corte, con el voto de apenas cuatro de sus ministros (que no incluyeron ni al doctor Carlos Fayt ni a la doctora Carmen Argibay Molina, quien tiene la más amplia experiencia en el derecho penal internacional entre todos los ministros de la Corte) el tribunal confirmó lo resuelto previamente en el expediente, declarando prescripto al crimen investigado. Como si en los 70 apenas hubieran sucedido algunos disturbios o desórdenes esporádicos, sin la intensidad requerida para calificarlos de conflicto armado interno, expresamente regulado por las Convenciones de Ginebra de 1949, que son derecho interno en la Argentina desde 1957.

De esta manera, el máximo tribunal evitó pronunciarse explícitamente -aunque sólo para el caso particular recientemente resuelto- sobre la existencia o no de un conflicto armado interno en nuestro país, confiriendo a los terroristas de los 70 un rincón de impunidad.

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Queda demostrado una vez más, la existencia de los Derechos Humanos tuertos conducida por este gobierno y apoyada por la justicia K.