El discurso del doctor Ricardo Lorenzetti fue impecable. Su sentido común fue un estruendo en medio del silencio de ideas en serio de la mayoría de la dirigencia política argentina. Afirmar desde el vértice más alto de los jueces que “nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino lo que es contrario a la Constitución” para enseguida confirmar que “las decisiones de la mayoría pueden ser declaradas inconstitucionales”, fue sentarse en lo que desde Montesquieu hasta nuestros días se profesa en toda república que no quiera virar a monarquía absoluta.
El kirchnerismo ha construido poder en base a las divisiones y a los antagonismos. El modo de imponer autoridad es dividir entre tirios y troyanos sin dar margen a un criterio intermedio y encolumnar así con pasión y escasa racionalidad a propios y ajenos. Hubo un tiempo en que fue hermoso y entendible por la falta de votos en las urnas de una elección especial como la del 2003. Que lo haga ahora para discutir las decisiones de uno de los poderes encargados de controlar a los otros no es menor. Ni poco preocupante.
¿Hay exceso de burocracia entre los jueces? Claro que la hay. ¿Hay decisiones arbitrarias que afectan, por ejemplo, al ingreso de funcionarios judiciales o el excesivo apego a los ritos anquilosados? Evidentemente. Pero que lo plantee el gobierno que ha nombrado a casi la mitad de los magistrados nacionales durante su gestión y ha renovado la Corte consiguiendo mayoría propia en la preferencia de postulantes es, cuanto menos, sospechoso. Y para eso se apela a cualquier argumento. Leer que la máxima autoridad de los fiscales que nos representan como pueblo y ciudadanos considera que los antecedentes de estudio de un abogado son discriminatorios porque sólo pueden estudiar los solteros y solteras que no atienden a su familia resulta, de movida, arbitrario. Eso, textual, lo dijo en el valioso reportaje que le hizo Martín Granovsky. Es verdad que los exámenes de oposición de un postulante deben ser de enorme peso. Pero lo otro es invitar a quienes quieran ser fiscales a que estudien menos.
Sucede que de lo que se trata es de instalar, a como dé lugar, un relato que demonice al Poder Judicial por poco transparente y oscuro en el preciso momento en que las resoluciones que afectan al Poder Ejecutivo le son adversas. ¿De la democratización y transparencia de los otros poderes no hay nada que decir? ¿De diputados que enrocan sus licencias para votar a favor el memorándum con Irán no hay reparos de arbitrariedad? ¿De los nombramientos del personal político de tercera o cuarta categoría en la planta del Poder Ejecutivo que sólo responden a una pertenencia partidaria sin que medie un concurso de pan y queso tampoco? ¿No hay padrinazgos corporativos en los otros poderes?
Aquí se exige un esfuerzo de lectura entre líneas para no caer en el maniqueísmo deseado. Claro que los jueces tienen que pagar ganancias, que los concursos deben ser fieles a los talentos y no a los ventajeros de las corporaciones o que la Justicia que no sale de su escritorio debe ser olvidada. A la par, no hay que comprar el amague y habrá que estar atentos a un nuevo embate para recordar que no vale patear el tablero cuando el resultado no es el deseado por uno de los jugadores. O como dijo Ricardo Lorenzetti (¡por fin un juez de la Corte con una metáfora futbolera!) ni siquiera “en el fútbol, nadie cambia el reglamento o el árbitro para ganar el partido”.
Luis Novaresio
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