jueves, 11 de abril de 2013

Un cambio de régimen

Al modificar su Carta Orgánica, Cristina Kirchner fijó al Banco Central un nuevo cometido: "Preservar la estabilidad fiscal". ¿Quién podría oponerse? Claro, si hubiera dicho "emitir moneda sin respaldo para financiar el Tesoro", se hubiera advertido que la reforma era aberrante. 

Con el Consejo de la Magistratura sucede algo parecido. En su mensaje al Congreso, la Presidenta propone que los consejeros se elijan con mecanismos "que expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía y legitimidad democráticas". Sólo un perverso rechazaría la invitación. Ahora bien, si se recomendara "someter a los jueces al control del partido mayoritario", se advertiría que Cristina Kirchner no auspicia una mutación institucional más: intenta fundar una nueva juridicidad. De eso se trata la reforma judicial del kirchnerismo.

La idea subyacente a esta remodelación es que los jueces constituyen una rémora oligárquica dentro del Estado democrático. Su poder no deriva del voto directo de la ciudadanía. Y, además, son seleccionados entre graduados de las facultades más tradicionalistas del sistema universitario. Que también ellos sean alcanzados por la onda igualitaria que avanza sobre la vida pública desde hace más de dos siglos parece un progreso objetivo.

Sin embargo, ese movimiento supondría la renuncia a una conquista estratégica de la civilización occidental. Esa conquista es la capacidad de cualquier ciudadano de oponer al poder una verdad.
En el núcleo de esta concepción hay un criterio: los resultados electorales son reglas de validez, no criterios de verdad. Es decir, quien gobierna lo hace porque tiene más votos, no porque tenga la razón. Pueden existir mayorías equivocadas. Sobre este principio se asientan el derecho a la crítica, corazón de la libertad de prensa, y la independencia del Poder Judicial.

Para no caer bajo el imperio de una mayoría ocasional, las sociedades abiertas ponen los derechos de las personas a resguardo de la autoridad derivada del voto. Una de las estrategias para lograrlo es confiar la interpretación de las leyes a una institución que esté menos expuesta a las fluctuaciones electorales: el Poder Judicial. Para esta visión, la naturaleza conservadora de la magistratura no es un vicio. Es una virtud.

Decir que no existe otra legitimidad que la del voto directo es decir que no hay otra voluntad respetable que la del líder ungido por las urnas. Cristina Kirchner profesa este prejuicio. Sugiere a los periodistas que la contradicen que armen un partido y se presenten en las elecciones. Y a los jueces que le frustraron el famoso 7-D los amenazó con asimilarlos a la Corte que convalidó el golpe del 30.
Cualquier contradicción al deseo del Poder Ejecutivo conspira contra la democracia. Carlos Menem presumía lo mismo cuando amplió la Corte para imponer una mayoría adicta. Rodolfo Barra, ideólogo del desembarco, escribió en 1989 que ese tribunal debía alinearse con las preferencias que el pueblo expresaba en los comicios.

Los proyectos que la Presidenta envió al Congreso son vigas maestras de este nuevo orden. Pretenden que los ciudadanos se allanen a la tiranía de una mayoría ocasional en cuyo nombre habla el caudillo. Su primer dispositivo es la elección popular de los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos del Consejo.

En su artículo 114, la Constitución Nacional establece que en ese instituto debe procurarse "el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal". Agrega que "será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico". Es evidente que los constituyentes distinguieron entre consejeros cuya legitimidad deriva de las elecciones generales y consejeros elegidos por sus pares. Esa discriminación quiso garantizar aquello con lo que el kirchnerismo pretende arrasar: la autonomía del Consejo y, por lo tanto, de la Justicia, respecto de las oscilaciones del electorado.

Como sostuvieron en 2006 Horacio Verbitsky y Andrea Pochak, del CELS, "la legitimidad de los integrantes del Consejo está dada por diversas fuentes. [?] La legitimidad no proviene únicamente del voto popular". Cuatro años más tarde, el mismo Centro propuso que el organismo se democratice eligiendo a magistrados, abogados y académicos en comicios generales, con sistema D'Hont, pero sólo entre sus pares.

En cambio la Presidenta pretende que los jueces, abogados y académicos que aspiren a ser consejeros se incorporen a las listas de los partidos, que resultarán de una interna o del dedazo de un jefe político. Preguntas: ¿qué método se aplicará en el Frente para la Victoria para armar la boleta? ¿Esos consejeros representarán a sus colegas o a su agrupación electoral? Como escribió ayer el abogado Bernardo Saravia Frías, el proyecto del Gobierno "reemplaza la independencia judicial por la dependencia partidaria".

La segunda modificación relevante es que para remover a un magistrado ya no serán necesarios dos tercios de los consejeros. Bastará con la mitad más uno. Durante la reforma de 2005, un senador advirtió el riesgo al que quedaría sometida en ese caso la autodeterminación de los jueces: "La ley ha fijado sabiamente el criterio de dos tercios para la acusación de un magistrado y es, precisamente, en garantía del juez. No cualquier hecho puede provocar la acusación de un juez y su eventual destitución". Ese senador fue Miguel Pichetto, que ahora defiende lo contrario: que los magistrados sepan, cuando redactan un fallo, lo fácil que sería desplazarlos.

La limitación de las cautelares que suspendan decisiones del Estado es la tercera dimensión decisiva de esta revolución autoritaria. También aquí hacen su trabajo los reflejos condicionados del lenguaje. Cristina Kirchner denuncia que las cautelares benefician a "las corporaciones" que se rebelan contra las decisiones de la democracia. Es decir, del Gobierno. Es decir, de ella. ¿Quién derramaría una lágrima por esas "corporaciones" malditas?

El problema es que en el año 2001, por ejemplo, "las corporaciones" fueron los miles de ahorristas que consiguieron un amparo en contra del "corralito". Y tres años antes, eran los sindicatos que frenaron en la justicia laboral la flexibilización con que Menem trataba de salvar la convertibilidad.
Si se tiene en cuenta la extravagante arbitrariedad con que se administra la economía nacional, la limitación de las cautelares significa la "morenización" total de los mercados. ¿Qué empresa arriesgará una moneda en un país en el cual está vedado recurrir a los tribunales para protegerse de una disposición inconstitucional del Estado? Cristina Kirchner le está dando un mazazo final a la inversión.

El kirchnerismo protagoniza, otra vez, un festival de contradicciones. Hace siete años, reducía a 13 los miembros del Consejo porque "20 es una exageración". Ahora lo dejará en 19. Pero hasta 2015 serán 25.

Hace cinco meses reglamentó el per saltum para agilizar las causas. Y ahora, que pretende limitar los casos que llegan a la Corte, crea cámaras de casación para ralentizarlas.

Las desprolijidades se deben a que, como de costumbre, esta reforma no obedece a un vector teleológico. No pretende construir a partir de reglas generales un sistema judicial más aceptable. Fue pensada para remover los obstáculos que encontró la Presidenta en su avance sobre otras instituciones: los juzgados, el Banco Central, la prensa. Ya se sabe: la creatividad del kirchnerismo sólo florece en conflictos retroactivos. Otro vicio de esta iniciativa es la premura. ¿Por qué se está remodelando el Poder Judicial a libro cerrado? Sencillo: el mayor límite de la Presidenta es el tiempo.
Tiempo para vencer en sus batallas obsesivas. Tiempo para superar la barrera de 2015. Y, sobre todo, tiempo para cerrar las causas judiciales que amenazan a sus funcionarios.

El Gobierno quiere que los consejeros se elijan en las primarias. Especula con que en esos comicios presentará una lista única, frente a rivales atomizados. Advertido de que esos opositores podían unificar la boleta para el Consejo, ayer prohibió esa posibilidad corrigiendo el artículo 3 del proyecto. Fue el único cambio tolerado por la Casa Rosada.

La urgencia obliga a Cristina Kirchner a maniobras impresentables. No resiste un debate abierto. La máscara de la democratización, es decir, de una transferencia de poder a los ciudadanos, esconde mal su avasallamiento a la Justicia.

La prepotencia institucional ha logrado despertar a la oposición. La UCR y el FAP se niegan a participar de las reuniones de comisión, ya que no hay debate. ¿No convendría democratizar el Congreso? Ernesto Sanz habló de "totalitarismo". Los radicales coordinan con las demás fuerzas una convocatoria a la movilización. Y Jorge Yoma, aliado a Daniel Scioli, fisura el bloque oficialista negándose a una "iniciativa mussoliniana".

La Presidenta ordenó que su reforma debe estar aprobada el miércoles 17. El apuro puede ser una mala jugada. En las redes sociales se estaba organizando un cacerolazo para el día siguiente. Parece que ella se ha sumado a la convocatoria.

Carlos Pagni