Una vez más, La Nación publicó una Editorial "Un nicho de impunidad" referida a la balanza desequilibrada de los gobiernos K en materia Derechos Humanos: el juzgamiento de una parte de los protagonistas de la triste historia reciente de nuestro país.
Como siempre señalo en esta página, hay artículos que valen la pena guardar, porque fortalecen la verdad y nos permiten escuchar una campana diferente a lo que nos quieren vender o hacer creer que pasó.
Los Delitos de Lesa Humanidad, que nuestro Procurador General de la Nación, Esteban Righi (el mismo que escribió el texto para liberar a todos los guerrilleros presos en los albores del gobierno de Cámpora) considera y ordenó que fueran solamente aquellos cometidos por el Estado, dejando de lado lo que la jurisprudencia universal define a este tipo de delitos.
Hace años que insisto en lo mismo. Esta estrategia política, montada y armada por los entonces jóvenes idealistas -que extrañamente sobrevivieron a lo que ellos mismos denuncian como un exterminio- resultará en una victoria Pírrica, porque estoy convencido que, más tarde o más temprano, los Montos que hoy siguen dando vueltas, junto con algunos compañeros de armas de otras organizaciones, terminarán sentados en los banquillos de la justicia, bajo la misma letra que ellos mismos escribieron.
Excepto...que ante un futuro y panorama no muy alentador, acuerden hacer un borrón y cuenta nueva, dar en definitiva, una vuelta de página y terminar con esta etapa nefasta para el país y todos sus habitantes.
Mientras tanto, continuarán deformando y adaptando la Historia en beneficio propio hasta que la verdad termine aflorando en la superficie.
Los útlimos párrafos de la editorial hablan por sí mismos:
Por eso, Moreno Ocampo advirtió que "cualquier grupo, inclusive guerrillero, puede cometer crímenes de lesa humanidad". Explicó que, con razón y coraje, "un crimen de lesa humanidad es un ataque masivo y sistemático a la población civil. Y la Argentina -agregó- fue eso. Podemos decir que la guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos a la población civil porque mataban en forma masiva tanto a sindicalistas, empresarios o policías".
Para Moreno Ocampo queda claro que no hay duda alguna de que en los 70 vivimos un conflicto armado interno. Para el derecho internacional tampoco hay dudas.
Mientras tanto, la resolución 158/07 del procurador general de la Nación no permite a nuestros fiscales investigar los delitos de lesa humanidad a los que se refiere Moreno Ocampo, y esa directiva constituye una violación flagrante de la obligación internacional que tiene el Estado argentino de hacerlo, cercenando, sin pudor alguno, el derecho a la verdad de algunos de nuestros compatriotas.
Cuando se acerca muy rápidamente el fin de un ciclo político histórico más, esta grave asignatura queda pendiente. El nicho de impunidad al que nos referimos debería cerrarse porque así lo exigen la Justicia y el derecho.
